El procurador general de la nación Alejandro Ordóñez envió este viernes un  mensaje “de alerta” a las FARC en negociaciones de paz con el Gobierno nacional y en medio de las diferencias por si pagarán o no cárcel.

“A pesar de que trascurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Hasta la fecha no existe sentencia contra ningún miembro de la cúpula de esa organización”, aseguró este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

El jefe del Ministerio Público utilizó este hecho como punto de análisis y reflexión frente a lo que podría ocurrir con la cúpula de las FARC en caso de que se concreten acuerdos de impunidad en el proceso de diálogos que en la actualidad se desarrolla en La Habana (Cuba). 

Según el jefe del Ministerio Público, el reciente anuncio de la Fiscalía General de la Nación de “determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías con los que fue favorecida la cúpula del M-19 luego del proceso de paz en que se reintegró a la sociedad”, puso punto final a la “falsa seguridad jurídica” en que se cimentaban los acuerdos de paz de 1990 y marca una pauta que debe ser atendida por Gobierno y FARC en la mesa de diálogos.  

“La cúpula del M-19 creyó, como lo creen en La Habana, que bastaba la decisión política del Gobierno de turno para pactar una paz que dejara en la impunidad su responsabilidad por la masacre del Palacio de Justicia. Señor ‘Timochenko’, a ustedes les pueden decir lo mismo que dijeron al M-19 en 1990. Señor ‘Iván Márquez’, ustedes pueden estar convencidos que el modelo pactado les da seguridad jurídica. Lo mismo que creyó el M-19. Pero señores, la única seguridad jurídica es cumplir a cabalidad con los mínimos penales derivados del derecho internacional y la jurisprudencia interamericana y nacional”, dijo el jefe del órgano de control a los cabecillas de la organización terrorista.

En su intervención, el procurador de los colombianos reiteró que solo el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia transicional, es decir, penas de reclusión reducidas pero efectivas para los máximos responsables de crímenes atroces, así como real reparación a las víctimas de las FARC, garantizará que la impunidad de 1990 no se repita en 2016, 2017 o en el año en que eventualmente se alcance un acuerdo. 

“No podemos cambiar una impunidad de 1990 por otra modelo 2015. Lo que el país reclama y las víctimas exigen es justicia, verdadera justicia, No simulacros ni pantomimas de justicia. Ni un día más de impunidad”, enfatizó.

“¿Una masacre como la perpetrada por el M-19 merece trabajo comunitario como pena? ¿Asesinar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puestos en estado de indefensión por los guerrilleros del M-19, puede ser sancionado con actividades, obras o trabajos? Da la impresión que se quiere legitimar el Acuerdo de Justicia para la impunidad presentado el 23 de septiembre pasado en La Habana por el presidente Santos y ‘Timochenko’, utilizando al M-19”, cuestionó.

En correspondencia a la necesidad de que las víctimas de las FARC sean reparadas como obligación para que sea sostenible cualquier acuerdo de paz, el procurador Alejandro Ordóñez insistió que los millonarios recursos de esta organización terrorista, producto de su accionar criminal, deben ser reconocidos, ubicados y utilizados para dicha tarea.

“Es inaceptable que los perpetradores se amparen en el Estado para que con los impuestos de los colombianos se repare a las víctimas. Por supuesto que el Estado tiene la obligación, pero la obligación inicial es de los victimarios, sean de las guerrillas o agentes estatales”, manifestó.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado para que el Gobierno colombiano, los cabecillas de las FARC y algunos sectores sociales y políticos no pretendan engañar con falsas ingenuidades y no intenten hacer creer al país que no existen millones y millones de dólares producto del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el secuestro, el chantaje, el boleteo y demás acciones del grupo guerrillero. 

“Ahora resulta que las FARC no tienen un solo centavo. Que en más de 60 años de carrera criminal no han acumulado riqueza alguna. Que no tienen inversiones dentro y fuera del país. ¡¿Iván Márquez’ es la pobre viejecita sin nadita que comer!”.

La intervención del procurador general de los colombianos se dio en desarrollo del Congreso Mundial ‘Violencia, guerra y posconflicto’ realizado en la ciudad de Bogotá entre jueves y sábado.